Lamentablemente muchos priístas han tenido una natural reacción de inconformidad en relación con la coalición política sin comprender que las cifras de la última elección representaron una dramática disminución de los votos a favor de los partidos históricos y de reciente creación de una “izquierda” reactiva a nuestra inserción como país en el proceso de globalización.
Sin embargo, pasan inadvertido el hecho de que en la última elección logramos a través de esta alianza quitarle votos a Morena para mantener las dos terceras partes del congreso de la Unión en el número de diputados, tanto del PAN, del PRI como del PRD y que los tres partidos nos sumamos en una estrategia común para destacar en los debates sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, el uso del presupuesto como un recurso electoral a costa de los sacrificios perversos y criminales contra la sociedad mexicana acicateada por el Coronavirus, la desaparición de instituciones, desocupación masiva y eliminación de programas de apoyo al campo, a la pequeña industria, el pequeño comercio, a las mujeres, niños, grupos indígenas, migrantes y desde luego una ciega visión para propiciar las inversiones del sector empresarial mexicano y extranjero y la abierta arremetida del ejecutivo en contra de los instrumentos legitimadores de la voluntad popular.
Llegando al extremo de la calumnia y el uso irresponsable de sus programas de divulgación presidencial contra todas las expresiones políticas, científicas y técnicas guardianas de la libertad de los mexicanos.
Las decisiones asumidas por la Comisión Política Permanente para autorizar al presidente de nuestro partido para la negociación de las candidaturas a los gobiernos de los estados, tiene que entenderse desde una posición pragmática con base en consensos que permitan definir las candidaturas competitivas de la máquina electoral de Morena que utilizando los recursos y la política asistencialista de carácter electoral, constituyen el mayor riesgo de una compra directa o indirecta de votos a favor de sus candidatos improvisados, para ganar las elecciones en los 6 estados que nos enfrentan en una competencia desventajosa frente a la estrategia del actual titular del ejecutivo que ha operado sin recato en el uso de los recursos y medios de comunicación, la intimidación, persecución o chantaje a los gobernadores de oposición, para mantenerse en una campaña permanente en la que prevalece su liderazgo por encima del ejercicio de un hombre de estado.
Por otra parte, los gobernadores que se han formado en la cultura del ejercicio del poder y con ello su intento de continuidad de su grupo gobernante, no han entendido en estas nuevas circunstancias históricas que los gobernadores como jefes de su estado tendrán que enfrentarse al juicio de la ciudadanía sobre sus aciertos o desaciertos durante el sexenio que les tocó ejercer el poder y que de jefes morales del PRI se transformaron en militantes y no en dueños de la membresía.
Se entiende que la decisión de Alejandro Moreno de respetar las bases y principios que dieron origen a la Alianza, que haya privilegiado los criterios que determinan la designación de candidatos a gobernadores con base en compromisos que permitan, primero enfrentar la acometida del actual administración decidida a mantener y consolidar un gobierno centralista con claros índices dictatoriales, escondidos en un afán populista, que seguramente el pueblo de México de encargará de hacerle saber su responsabilidad histórica al atentar contra las instituciones democráticas y segundo, su enfermizo intento de retener el poder en forma transexenal, ya sea a través de un peculiar maximato o una oculta intención de reelección.
