Para garantizar un Marco Jur\u00eddico que atienda y responda a las exigencias actuales, el Grupo Parlamentario del PRI present\u00f3 este d\u00eda ante la LXI Legislatura Local Iniciativa para reformar el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 226 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica del Estado de M\u00e9xico y Municipios.<\/p>\n\n\n\n
El diputado Braulio \u00c1lvarez Jasso, asegur\u00f3 que a trav\u00e9s de esta adecuaci\u00f3n, se armonizar\u00e1 la Ley de transparencia en materia de responsabilidad administrativa de sujetos obligados, para que la autoridad sancionadora competente sea la establecida por la Ley de Responsabilidades Administrativas.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto se\u00f1al\u00f3 que actualmente existe una discordancia grave en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica del Estado de M\u00e9xico y Municipios, la cual establece que, en un procedimiento administrativo, la sanci\u00f3n se deber\u00e1 comunicar al INFOEM para que este la aplique, mientras que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la propia de la entidad, se establece que la autoridad competente para ejecutar las sanciones a servidores p\u00fablicos, ser\u00e1 en el caso de faltas administrativas no graves el jefe inmediato o el titular de la dependencia, municipio u organismo auxiliar.<\/p>\n\n\n\n
Dicha Ley tambi\u00e9n establece que, en el supuesto de faltas graves, la autoridad competente para ejecutar las sanciones ser\u00e1 el Tribunal de Justicia Administrativa y ejecutadas por el titular o servidor p\u00fablico competente del ente p\u00fablico correspondiente, mientras que las sanciones econ\u00f3micas ser\u00e1n por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y ejecutadas por la Secretar\u00eda de Finanzas del Gobierno del Estado de M\u00e9xico o las autoridades municipales competentes, seg\u00fan sea el caso.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, el legislador plante\u00f3 la necesidad de armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica para que sea coherente con las dem\u00e1s disposiciones en la materia, entre ellas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, consolidando as\u00ed la legalidad y certeza de estos procedimientos, otorgando, por una parte, garant\u00edas a las personas sujetas de proceso y por otro, la certeza de su ejecuci\u00f3n por parte de una autoridad competente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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