La Operación Caudal desplegada por fuerzas federales y estatales en el Estado de México, logró desmantelar 190 tomas de huachicoleo de agua y ejecutar acciones en municipios como Ocoyoacac para frenar las redes delictivas.
Dentro de este despliegue, las autoridades realizaron diversos aseguramientos en los parajes de La Marquesa por el delito federal de robo de agua. Sin embargo, los hechos demuestran que estos operativos quedaron en pura simulación.
A la fecha, los puntos intervenidos nunca fueron regularizados ni clausurados de forma definitiva. Sencillamente porque no existen concesiones ni permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para explotar, extraer o comercializar el vital líquido en esta reserva ecológica.
A pesar de los sellos y el despliegue policial, la extracción clandestina continúa a plena luz del día. Hoy mismo, decenas de piperos siguen saqueando los manantiales de La Marquesa para vender el agua robada en la zona de Cuajimalpa, luciendo total impunidad frente a las instituciones.
Ante este saqueo descarado, exigimos respuestas claras y directas:
- ¿Quién se embolsa hasta dos mil pesos por cada pipa de agua robada en este parque nacional?
- ¿Qué grupo delictivo o organización sindical controla y opera esta red de huachicoleo hídrico?
- ¿Qué autoridad municipal o funcionario de gobierno les brinda protección y aval para operar sin permisos?
- ¿Quién representa legal o políticamente a estos piperos que lucran con la necesidad de la población?
- ¿Quién está violando las disposiciones judiciales y quebrantando los aseguramientos federales?
La exigencia a la Fiscalía General de la República, a la Conagua y a las autoridades ambientales es asumir su responsabilidad y dar seguimiento real a las carpetas de investigación. El agua de La Marquesa es un bien nacional, no el botín de mafias ni de autoridades cómplices.
